"El recurso de reclamación único está muy bien, el problema es que la invalidación administrativa ambiental, la modificación, no quedó bien redactada y es muy confusa”, señaló el profesor Ricardo Irarrázabal en su exposición en la Comisión de Medio ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, realizada el pasado 5 de marzo.
Diario Financiero
CChC y reforma al SEIA: “Nuestra mayor preocupación es el término anticipado de evaluación mediante el fraccionamiento"
Luego que a fines de enero la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) planteara en el Congreso sus observaciones respecto a la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este martes asistió otra rama de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a la comisión de Medio Ambiente del Senado. En la segunda sesión tras el receso legislativo, el turno esta vez fue de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), gremio que reconoció aspectos positivos, pero planteó también diversas preocupaciones.
El análisis de la entidad respecto a este proyecto se centra –dijeron- en revisar la relación entre el pacto fiscal y las modificaciones que se plantean en materia de legislación ambiental. “Hemos visto que en algunas de ellas no se alinean a la prioridad urgente de reactivar la economía”, señalaron de entrada.
Pilar Pantaleon, abogada de la gerencia de asuntos regulatorios de la CChC e integrante del consejo nacional para la sustentabilidad y el cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente, comenzó su análisis valorando la forma en que se construyó este proyecto y también algunas de las modificaciones propuestas en cuanto a unificación de las vías de impugnación de las Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que "reduce bastante los plazos y las incertezas".
En la cita también expuso el profesor de Derecho Ambiental UC y director del Programa Derecho y Medio Ambiente de esa misma casa de estudios, Ricardo Irarrázabal, quien planteó que el recurso de reclamación único está muy bien, pero “el problema es que la invalidación administrativa ambiental, la modificación, no quedó bien redactada y es muy confusa”. Además, a su juicio, el tema del registro de consultores que propone el proyecto es “complejo”. “Debiera existir un registro abierto y algún procedimiento cuando exista un delito ambiental acreditado en temas de información”, dijo. En esa línea, alertó que “estamos generando un monopolio de consultoras ambientales para llevar adelante este trabajo y ojo que eso puede ser fuente de corrupción”. Asimismo, calificó como discutible la distribución de la carga de la prueba.