Columna de Opinión de Ricardo Irarrázabal, vicedecano Facultad de Derecho UC y miembro del Comité Directivo del Programa de Derecho y Medio Ambiente. 

Fuente: Pulso (publicada el 13 de octubre de 2017)

Resulta habitual que al término de un gobierno se empiece a hablar de “legados”, entendiendo por tales aquellas iniciativas relevantes desde el punto de vista de las políticas públicas y que, por tanto, deberían constituirse en políticas de Estado que se mantengan en el tiempo, pese a los cambios políticos de los gobiernos.
Para ello, es necesario no sólo que dichas iniciativas sean eficaces como políticas públicas, sino que también tengan apoyo mayoritario de la ciudadanía, lo cual permite blindarlas. Sin embargo, lo que estamos presenciando al término del actual Gobierno es una verdadera construcción política de un legado, instrumentalizando la información y amoldándola al formato “legado”, el cual ha adquirido el calificativo de “ambiental” ante la ausencia de legados sociales y económicos.

¿Cuál sería el señalado legado? De acuerdo con el ministro Mena, un desarrollo de las energías renovables, el aumento en la superficie de áreas protegidas y los famosos catorce planes de descontaminación por temas de aire, comparado con lo poco y nada que habría hecho el Gobierno anterior. Sin embargo, es sabido que la mayoría de los proyectos de energías renovables iniciaron su tramitación ambiental y fueron aprobados en el Gobierno anterior, y han sido justamente las señales de precio y su competitividad, lo que ha posibilitado su construcción y operación.

Respecto al aumento de la superficie de áreas protegidas, especialmente en territorio marino y a propósito de la donación de las fundaciones de Douglas Tompkins, resulta lamentable que la creación de las áreas no haya ido acompañada de una eficaz tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que le habría dado fundamento técnico y manejo a las mismas. Al respecto hay que recordar que es justamente en temas institucionales donde se aprecia lo vigoroso que puede ser un legado que supere el mero voluntarismo.

Pero sin lugar a dudas lo que evidencia una falta de objetividad abismante lo constituye el tema de los planes de descontaminación y de aire en general. Básicamente la premisa pasaría porque el anterior Gobierno habría publicado sólo dos planes, y el actual catorce, sin mayor análisis de fondo. A veces uno entiende que existan objetivos políticos detrás de determinadas actuaciones o declaraciones, pero eso no puede significar generar una especie de posverdad en la materia o faltar a la verdad. Como se sabe, la estrategia en temas de aire del Gobierno anterior tuvo como centro y foco la publicación de la norma de MP2,5, norma de calidad ambiental que explicitó una voluntad política de mejorar la calidad de vida en términos de aire y cuya focalización requería la derogación de la norma anual de MP10. Es en relación a la norma de MP2,5 que el resto de los instrumentos de gestión ambiental empiezan a operar, en especial los planes de descontaminación.

Y como complemento tremendamente efectivo en relación a este eje estratégico, es que se publicaron en el Gobierno anterior las normas de emisión de termoeléctricas y fundiciones de cobre, generando mejoras inmediatas en muchas zonas con concentración de estas industrias. Con todo, y específicamente para la generación de planes, resultaba fundamental tener un monitoreo, sin el cual no era posible el desarrollo de los planes.

Es por ello que se estableció un monitoreo en todas las ciudades sobre 100.000 habitantes. Como conclusión, si hablamos actualmente de planes, es porque existe una norma de calidad que les da sustento y un monitoreo que permite su desarrollo (tres años de monitoreo con superación de norma). Respecto de los planes publicados, en el Gobierno anterior se publicaron tres (RM, Tocopilla y Rancagua), dándose inició a la elaboración de una gran cantidad de planes. El Gobierno actual, de los famosos catorce planes que en teoría y en la lógica de la posverdad están funcionando, sólo se han publicado y por lo tanto existen ocho: seis que se iniciaron en el Gobierno anterior y dos que se iniciaron en el actual Gobierno, faltando seis de los originales catorce, planes tan relevantes como los de la Región Metropolitana y Concepción.

Ahora, si hablamos de legado, ello debería reflejarse en temas institucionales y legales. En este sentido, el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, con el rediseño institucional ambiental, indudablemente significó un legado, habiéndole cabido al Gobierno del Presidente Piñera su implementación (ministerio, Servicio de Evaluación y Superintendencia del Medio Ambiente), además del desarrollo y publicación de la ley que creó los Tribunales Ambientales. Además, la formulación y tramitación de dos proyectos de ley clave: la ley de fomento al reciclaje y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas. En términos de cambio climático, si bien -y como era esperable- el actual Gobierno ratificó el Acuerdo de París, todavía está pendiente el marco legal que permita implementar las reducciones de gases de efecto invernadero, verdadero legado en la materia y que supere la lógica recaudatoria de los impuestos verdes.

Sin embargo, el segundo Gobierno de la Presidenta, en especial su última etapa, ha estado marcado en medioambiente por una gestión extremadamente política y efectista, generando una incertidumbre técnica ambiental de profundas consecuencias. Así, la vuelta al carril técnico aparece como una labor esencial de un próximo gobierno, además del análisis y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y su funcionamiento, a 23 años de laLey 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Fuente: Pulso