Te invitamos a leer la columna de opinión de Ricardo Irarrázabal, vicedecano Derecho UC y miembro del Comité Directivo del Programa de Derecho y Medio Ambiente, publicada en diario Pulso.
Fuente: Pulso (publicado el 02 de marzo de 2018).
La división entre ministerios productivos versus los que no lo son, respecto a la discusión del cuidado ambiental, debiera terminar, ya que la sustentabilidad es en definitiva un rol del Estado.
Siempre han sido tradicionales dentro del Estado las rivalidades entre ministerios y servicios, bajo una lógica de “competencia” entre sectores por hacerse cargo de temas y aumentar sus facultades, especialmente entre ministerios cercanos, como por ejemplo medio ambiente y salud, o roces entre ministerios que teóricamente tienen objetivos distintos, unos productivos (minería, energía, agricultura, economía) versus otros cuyo objeto radica más bien en la protección (salud, medio ambiente y desarrollo social), lo cual podría significar permanentes “gallitos” entre las distintas carteras.
Por otra parte, existen varios temas que son transversales dentro de la Administración y cuyo análisis se dificulta bastante dado el escenario antes expuesto. Una de dichas temáticas es justamente la ambiental, y que en su momento desencadenó toda una discusión institucional. En efecto, dado que lo ambiental es un elemento transversal dentro del Estado, con muchos ministerios y servicios involucrados, tanto del sector estatal “productivo” como del sector “de protección”, ¿cuál debiera ser la institucionalidad adecuada? Originalmente, la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente estableció la Conama, organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyo rol central y sin perjuicio de algunas facultades, fue justamente la coordinación de la temática ambiental dentro del Estado. El fundamento para ello quedó claramente establecido en el Mensaje de la señalada ley, en que mencionaba que “si hay un tema en el cual las competencias están distribuidas a lo ancho de todo el sector público, es en el tema ambiental”. Es por esto que la institucionalidad ambiental “debe desarrollarse sobre dos bases. Por una parte, reconocer las competencias ambientales de los distintos ministerios y servicios, involucrándolos en los temas ambientales en que, por sus respectivas esferas de competencia, les corresponde conocer. Por otra, generando una capacidad de coordinación al interior del Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, este modelo coordinador mostró rápidamente una serie de falencias, especialmente desde un punto de vista político, lo que llevó a plantear la necesidad de un Ministerio del Medio Ambiente. Con todo, al estudiarse esta posibilidad, rápidamente surgió el mismo cuestionamiento: ¿cómo crear un ministerio sectorial que abarque una temática transversal dentro del Estado? Y fue justamente en la discusión del proyecto de ley que creaba el Ministerio del Medio Ambiente en que surgió la idea de crear un “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”, como un gran foro de sustentabilidad que agrupara a los ministerios “productivos” y a los de “protección”, especialmente en la discusión de política y regulación. Ahora, lo interesante es que dicho Consejo, cuyos acuerdos son obligatorios, no sólo ha de analizar la normativa ambiental propiamente tal, sino que también aquella que proviene de otros ministerios y que tengan componentes ambientales. De esta forma, la lógica de la discusión sobre sustentabilidad, que intenta equilibrar los pilares económico, ambiental y social, se traspasó al Estado, del cual se espera no sólo que el Ministerio del Medio Ambiente sea la cartera encargada de abogar por la sustentabilidad, sino que el Estado completo, incluyendo a los ministerios del ala “productiva”. Un fenómeno parecido es el que ha vivido el sector privado, en que el antiguo paradigma de la “mayor producción posible” como gran meta, ha sido progresivamente reemplazado por el de la sustentabilidad, lo cual asegura además la sostenibilidad y legitimación social del emprendimiento económico.
De esta forma, la división entre ministerios productivos versus los que no lo son, respecto a la discusión del cuidado ambiental, debiera terminar, ya que la sustentabilidad es en definitiva un rol del Estado. Es por ello que no debiera sorprender que ministerios sectoriales, como por ejemplo el Ministerio de Energía, contemplen una serie de divisiones y materias ambientales, que reflejan la íntima conexión que ha de existir entre la actividad económica con el cuidado ambiental y la equidad social. No sólo ello se refleja en la evaluación ambiental de proyectos energéticos, relacionamiento previo y contexto actual de las energías renovables, sino que también en las políticas relacionadas con el cumplimiento de las metas comprometidas por Chile respecto al Acuerdo de París en cambio climático, la Evaluación Ambiental Estratégica de los corredores de transmisión eléctrica, toda la discusión relacionada con el uso de la leña y sus efectos en la contaminación de nuestras ciudades y sus temas asociados, tales como eficiencia energética, aislación térmica, calefacción distrital, y un largo etcétera. Todo ello demuestra que la vieja disyuntiva de producción versus protección dentro del Estado debiera quedar en el pasado y ser reemplazada por el paradigma de la sustentabilidad en el Estado.