En la actividad, organizada por el Ministerio del Medio Ambiente, el académico se refirió a los hitos clave en estos 30 años de institucionalidad ambiental en nuestro país y analizó el rol que ha jugado la OCDE en la protección ambiental.

En modalidad híbrida se llevó a cabo la Conmemoración de los 30 años de la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que creó la institucionalidad ambiental en Chile. La actividad fue organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y contó con la participación de autoridad de gobierno como la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán Medina; y la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer Bodín.

A esta actividad fue invitado el director del Programa UC de Derecho y Medio Ambiente, profesor Ricardo Irarrázabal, quien intervino en el primer panel de conversación, compartiendo testera con Marcelo Mena, ex Ministro de Medio Ambiente; y Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.

Respecto del balance que puede hacerse a la institucionalidad ambiental, Irarrázabal planteó que más que una institucionalidad, existen instrumentos de gestión que se crean por la ley 19.300, a los cuales se les asocia una institucionalidad, antes la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), ahora el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). “Evidentemente, el haber podido completar la institucionalidad ambiental, representa un notable avance y es algo muy satisfactorio, en lo cual se empeñaron distintos gobiernos, sea cual sea el signo político”, enfatizó el académico.

“A mi juicio, el mayor mérito de la ley 19.300 es que, a partir de la lógica de los instrumentos de gestión ambiental, se concretiza la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, creando un sistema ambiental basado en el riesgo ambiental a través de las definiciones de norma de calidad, contaminación y contaminante. En el fondo es poner a disposición de la institucionalidad ambiental respectiva, un set de herramientas (los instrumentos) al servicio de un objeto ambiental relacionado con el medio. Pero la ley es neutra, no establece un estándar determinado, sino que se lo deja a la autoridad política, la cual, en base a fundamentos técnicos, ha de fijarlos”, señala.

Sin embargo, Irarrázabal agrega que cualquier balance que se haga, más que a la institucionalidad, debe hacerse a la gestión ambiental pública. Explicó que un aspecto no tan positivo de esta gestión es un efecto de sobre especialización y olvidando, a veces, la lógica transversal de los fines que persigue.

Al ser consultado por el rol que ha jugado la OCDE en todo este proceso, el académico señala que “fue el gran fundamento político de la reforma del 2010” y que, para entender su rol, se debe comprender su lógica y funcionamiento, asegurando que este órgano conjuga lo político y lo técnico.

“Esa conjunción es muy sabia y, efectivamente, también lo es desde el punto de vista de la política interna chilena, donde siempre ha sido el gran fundamento. También creo que es importante que, de alguna manera, la OCDE también te marca lo que son las políticas de Estado y, al final, si uno puede decir qué cuestiones exitosas ha tenido la institucionalidad ambiental, son justamente aquellas en las que han existido políticas de Estado”, enfatizó, agregando que los tres grandes temas en los que evidentemente han existido, políticas de Estado son en materia de cambio climático, calidad del aire y también evaluación ambiental de proyectos, “donde se ha generado un experticia que, evidentemente, yo creo que es a nivel a nivel internacional. Entonces, todo aquello, de alguna manera es un eco de lo que es la OCDE y de ahí su relevancia”, dijo el profesor UC.

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