“Chile vuelve con fuerza al multilateralismo”, señaló públicamente la ministra de Relaciones Exteriores chilena, Antonia Urrejola, el martes 31 de mayo, cuando el Senado aprobó, por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Acuerdo de Escazú.

 “Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación de solidaridad frente a una grave crisis climática, ambiental y frente a la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos”, indicó la ministra en un comunicado posterior.

El Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (denominado Rio+20) de 2012 y es el primer instrumento internacional vinculante que considera los derechos humanos ambientales.

Dentro de sus objetivos está el garantizar el derecho a todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, poniendo el foco en el acceso a la información ambiental, así como promover la transparencia y participación pública en la toma de decisiones.

De acuerdo con el gobierno del presidente Gabriel Boric –quien había incluido la promoción de este instrumento como promesa de campaña– este tratado busca, además, garantizar los derechos de los defensores ambientales y eleva los estándares en justicia ambiental. “Tema en el que Chile no tiene mayor institucionalidad”, destacó la Cancillería en un comunicado enviado tras saberse la noticia de su aprobación.

“Defender derechos es parte esencial de una democracia y este acuerdo lo que hace es profundizar la democracia, hacerla más inclusiva y también darle garantías a los defensores de derechos humanos en una democracia que todos queremos defender y hacerla más amplia”, dice en ese texto la canciller chilena.

Con la aprobación, el instrumento queda listo para ser presentado ante Naciones Unidas y, luego de ello, pasarán 90 días para que entre en vigencia.

VOZ A LAS COMUNIDADES

Chile, uno de los tres países que conforman en Sudamérica el denominado ‘Triángulo del Litio’, está inmerso en la carrera mundial por extraer este mineral, que es básico para la transformación energética que requieren la electromovilidad y muchas energías renovables para funcionar. En el norte de Chile, dos empresas extraen actualmente este metal: la local SQM y la estadounidense Albemarle.

El presidente Boric, además, ha asegurado que creará una empresa nacional de litio, haciendo un símil con la estatal Corporación Nacional del Cobre, (Codelco), que permitiría que las riquezas del mineral procesado se quedasen en el país.

Sin embargo, el denominado ‘oro blanco’ tiene un lado negro, similar al del petróleo: un impacto ambiental importante sobre el agua, ya que el proceso de obtención del mineral se realiza mediante evaporación en una región eminentemente desértica, lo que ha privado a ecosistemas y pueblos completos del acceso al recurso hídrico.

Esta negativa externalidad del litio en Chile ha sido denunciada por comunidades indígenas del desierto de Atacama, especialmente pertenecientes a los pueblos lickanantay y colla, en las zonas del Salar de Atacama y Salar de Maricunga.

Bajo este prisma, la firma de Escazú por parte de Chile es una luz de esperanza para organizaciones ambientales y ciudadanas para proteger a territorios que se han vuelto zonas de sacrificio, un término que describe a aquellos territorios en los que cualquier actividad industrial genera un daño ambiental al ecosistema, que afecta irreversiblemente la salud y los medios de vida de sus habitantes.

“El acuerdo es importante, sobre todo en lo referido a acceso a información y participación vinculante de sociedad civil, ya que beneficia a habitantes del territorio sin discriminación étnica de ninguna clase, pues en la actualidad los proyectos de litio [chilenos], tanto de expansión como nuevos, tienen niveles de participación sesgados y muy limitados” explica a AméricaEconomía Ramón Morales Balcarce, integrante de Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos (OPSAL) una ONG que busca evidenciar el daño ambiental y humano que producen la extracción de litio, cobre y otros minerales, en los ecosistemas desérticos de países andinos.

Morales considera que la profundización del modelo extractivista que hoy afecta a muchas comunidades en todo Chile, y no solo por la extracción de litio, probablemente intensifique las conflictividades y con este tratado “se entregan las herramientas para asegurar la tranquilidad de las personas y organizaciones que defienden los territorios y la naturaleza (...).Hay casos de persecución y violencia y hasta de muertes en Chile [a causa de esto]”, denuncia.

El acuerdo, en general, trae una serie de cambios respecto de cómo se estaban haciendo los procesos de participación e información ciudadana en las evaluaciones ambientales de proyectos productivos.

“Se tendrán que hacer ajustes en materia de evaluación de proyectos, en la información que se entrega. En las denominadas ‘zonas de sacrificio’ la gente va a poder solicitar más información que muchas veces está vedada para el grueso de la población, habrá elementos de justicia ambiental y de profundización de la democracia ambiental”, celebra Pamela Poo, politóloga y Coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia en la ONG ambiental Chile Sustentable.

CERTEZA PARA EL INVERSIONISTA

A nivel internacional, el ingreso chileno al Acuerdo de Escazú es algo que se ha estado observando por parte de distintos economistas ambientales.

Esto, porque el tratado para América contiene los mismos principios que están presente en el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación, y toma de decisiones, además del acceso a la justicia en caso de daño ambiental”,

Este convenio, oficialmente denominado “Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, existe hace más de dos décadas y fue firmado en la ciudad danesa de Aarhus, el 25 de junio de 1998 por 35 Estados y la Unión Europea. Actualmente, más de 40 Estados lo han ratificado.

“Lo destacable de Escazú, es que va un paso más allá de tratados que se han adoptado previamente, como el convenio 169 de la OIT”, detalla a AméricaEconomía Rebecca Ray, investigadora del Centro Global de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Boston.

Ese ‘ir más allá’ significa que destaca la académica, es que Escazú no hace diferencias entre la afección a comunidades indígenas y otras comunidades que se sientan afectadas por daño ambiental y la vulneración de derechos.

“Y ellas merecen ser tomadas en cuenta, y merecen beneficiarse, no solo ser protegidas, de cualquier actividad económica que se realice en los ecosistemas de los cuales dependen”, explica Ray.

En teoría, esta exigencia de Escazú termina por beneficiar a los inversionistas, porque como ocurre hoy, primero una firma obtiene una licitación y luego un proceso judicial se la quita.

Es el caso de la reciente licitación del litio del gobierno de Piñera, realizada en 2021 y que esta semana fue dejada sin efecto por la corte suprema de ese país, que falló a favor de las comunidades indígenas, luego de que dos firmas, la china BYD y la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte, del Grupo Errázuriz, ganasen esta licitación en enero de este año. (Contactada por AméricaEconomía, BYD no quiso hacer comentarios al respecto)

Al revés, si el Acuerdo de Escazú se implementa en una forma en que hay claridad, estándares altos y estrictos, que se aplican mediante procesos participativos que sean inclusivos, entonces los inversionistas no tendrán que iniciar proyectos que luego puedan ser suspendidos debido a aspectos o preocupaciones que no fueron tomadas en cuenta.

“Es mucho mejor tener marcos regulatorios que sean consistentes”, recalca al respecto Ray.

Por supuesto, el Acuerdo de Escazú impactará a todas las industrias. Pero, dada la creciente inversión china en la minería del litio chilena –como en toda Latinoamérica– existe una generalizada impresión, con base en experiencias en el ámbito de la infraestructura en algunas naciones del continente hace más de una década, de que los proyectos chinos tienden a ser menos apegados a los estándares ambientales que sus pares europeos o estadounidenses.

Es una especie de estigma o fama que Ray se apresura a desmitificar.

“Estudiando casos de inversiones chinas en minería en Latinoamérica, en general los altos estándares no los asustan, como tampoco evitan cumplir con temas de salarios mínimos o restricciones ambientales. No hemos visto resistencia a esos altos estándares en los inversionistas chinos, ni tampoco los vemos vendiendo sus proyectos porque eso los encarece como sí se ha visto en otros inversionistas occidentales. Pero cuando las regulaciones cambian, no siempre se adaptan. Así que la consistencia y la claridad son muy importantes”, reafirma.

Complementariamente, Ray se apresura a destacar que este año, la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (NDRC por sus siglas en inglés), uno de los organismos estatales más relevantes de China, emitió nuevos lineamientos para la inversión extranjera china, especificando que “los inversionistas chinos necesitan priorizar las preocupaciones ambientales de las comunidades locales”.

“Este es un gran paso”, destaca la académica, ya que tradicionalmente, la inversión china se asocia a lo que se denomina ‘sistema de aproximación nacional’, que significa que deben responder a los gobiernos locales respecto de los estándares con que trabajan.

“Así que [lo inversionistas chinos] no trabajan por debajo de esos estándares, pero tampoco priorizan ir más allá de ellos. Pero, en este caso, vemos lineamientos específicos que indican que será su responsabilidad el entender las preocupaciones ambientales de las comunidades afectadas, incluso si son más ambiciosas que el estándar ambiental local. Y eso es una señal clara de las cúpulas del gobierno chino de que ya no se aceptará más esconderse detrás de las debilidades institucionales del país anfitrión para reflejar adecuadamente las preocupaciones ambientales locales”, celebra Ray.

AméricaEconomía intentó conocer la postura de la principal firma china con inversiones en litio en Chile, Tianqi Lithium, que participa de SQM. Pero desde su agencia de comunicaciones indicaron que preferían “no realizar comentarios respecto al tema, por encontrarse este todavía en desarrollo”.

TANTO QUE HACER, TAN POCO TIEMPO

Una visión positiva, similar a la descrita por ambientalistas, es la que tiene el director del Programa de Derecho y Medioambiente de la Universidad Católica de Chile (PUC), Ricardo Irarrázabal, quien además fue Subsecretario de Medio Ambiente en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Pero con algunos reparos.

Para el abogado, los contenidos del acuerdo ayudarán a una mejor gestión ambiental, especialmente en lo que significa la mejora en participación, acceso a información y acceso a la justicia. Pero no cree que todo sea miel sobre hojuelas.

“Sus disposiciones son de mayor jerarquía que las leyes chilenas [...] de alguna manera, hace muchas de sus normas autoejecutables y no da tiempo, por decirlo así, a la legislación chilena a ponerse al día con los temas de Escazú, y eso puede generar conflictos internacionales y también nacionales, vía especialmente recursos de protección”, identifica Irarrázabal.

Por ejemplo, actualmente en Chile solo los estudios de impacto ambiental (EIA) tienen una etapa de participación ciudadana (PAC), y algunas declaraciones de impacto ambiental (DIA) cuando se trata de proyectos con carga ambiental.

“Pero lo que dice Escazú es que cualquier evaluación de proyectos ha de cumplir con PAC, cuestión que, hasta ahora, y aunque sea bueno que lo haga, nuestra legislación no contempla. Entonces, podría pasar algo muy similar respecto de lo que en su momento ocurrió con el Convenio 169, cuando fue ratificado por Chile, cuando muchos proyectos de inversión -dado que ese convenio también es autoejecutable- vía [presentación de] recursos de protección se cayeron, justamente porque no se cumplía con el estándar nuevo de la consulta indígena de este convenio”, alerta Irarrázabal.

Es uno de los temores que el gobierno de Piñera y, en general, la derecha chilena esgrimió para no ratificar Escazú, entre 2017 y 2021.

“Creemos que se verá una judicialización permanente por problemas de soberanía. Me preocupa la ambigüedad de términos como el derecho a vivir en un medioambiente sano. El texto no deja claro quiénes son los activistas medioambientales, ni explica por qué ellos deben tener una condición especial. Escazú solo representa riesgos. Anuncio que vamos a denunciar este tratado”, dijo el senador de derecha Rojo Edwards esta semana, al ser uno de los que votó en contra de la iniciativa en el senado chileno.

Pero en general, los entrevistados coincidieron que es uno de los mayores avances ambientales para el país, aunque con una buena cuota de realidad.

“[La duda con Escazú es] cómo jurídicamente implementamos esos cambios a nivel nacional dado que es un tratado de DDHH que contiene normas autoejecutables para que, justamente, no ocurra aquello que pasó en la aplicación del Convenio 169, porque eso genera una gran incerteza jurídica”, alerta Ricardo Irarrázabal.

Algo que desde las ONG ambientales también se entiende.

“Estas cosas siempre hay que mirarlas a la luz de que no son una varita mágica, sino que hay trabajar en implementar y subir el estándar ambiental. [En Chile] ya tenemos un estándar, y la idea es que este vaya creciendo en el tiempo. Eso significa que se tienen que hacer los ajustes necesarios para operativizar el acuerdo en nuestra legislación nacional”, concluye Pamela Poo.

Para acceder a la nota completa, pinchar aquí: https://www.americaeconomia.com/acuerdo-de-escazu