El director del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC participó en un encuentro organizado por Marsh y el Consejo Minero, donde analizó los principales desafíos regulatorios del proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. En la instancia coincidieron autoridades, representantes de la industria y especialistas en la importancia de avanzar hacia una institucionalidad que otorgue mayor eficiencia, certeza jurídica y predictibilidad para el desarrollo de inversiones.

Los desafíos que enfrenta la institucionalidad ambiental para compatibilizar el desarrollo económico con altos estándares de protección ambiental fueron parte del análisis realizado por Ricardo Irarrázabal, director del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC (PDYMA), durante el desayuno "Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico", organizado por Marsh y el Consejo Minero.

La actividad que se llevó a cabo este miércoles 8 de julio, reunió al ministro de Economía, Daniel Mas; al presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; al abogado y exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, además de representantes de la industria minera y especialistas en regulación. El encuentro abordó los principales desafíos que enfrenta Chile para compatibilizar el desarrollo de nuevas inversiones con una institucionalidad ambiental moderna, eficiente y predecible.

Un debate sobre competitividad y modernización regulatoria

Durante la apertura del encuentro, el ministro Daniel Mas destacó que el proyecto de ley busca enfrentar una de las principales brechas para el desarrollo de inversiones en el país: la excesiva complejidad de los procesos de autorización. En ese contexto, señaló que la iniciativa apunta a agilizar la tramitación de proyectos mediante una mejor coordinación institucional y una mayor eficiencia administrativa, manteniendo los estándares regulatorios y ambientales.

Por su parte, Joaquín Villarino sostuvo que Chile cuenta con una cartera relevante de inversiones mineras que podrían contribuir al crecimiento económico y a la transición energética, pero advirtió que persisten desafíos asociados a la incertidumbre regulatoria, la complejidad de los permisos y la extensión de los tiempos de tramitación, factores que afectan la competitividad del país.

Fue en ese contexto donde Ricardo Irarrázabal aportó una mirada jurídica sobre el proyecto de ley y su relación con la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), actualmente en discusión en el Congreso.

Racionalizar el sistema para fortalecer la institucionalidad

Durante su intervención, el director del PDYMA explicó que uno de los principales aportes del proyecto es incorporar una lógica de racionalización del sistema de evaluación ambiental, entendida como la necesidad de concentrar la revisión administrativa en aquellos aspectos que presentan riesgos ambientales significativos.

A su juicio, esta racionalización no implica disminuir los estándares de protección ambiental, sino fortalecer la eficiencia del sistema y entregar mayor certeza jurídica tanto a la administración como a quienes desarrollan proyectos de inversión.

En esa línea, destacó la importancia de fortalecer la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), perfeccionar el tratamiento de las modificaciones de proyectos y avanzar hacia procedimientos más claros y predecibles para la tramitación ambiental.

Asimismo, planteó que el proyecto de reconstrucción debe entenderse de manera complementaria con la reforma al SEIA, ya que ambas iniciativas buscan modernizar la institucionalidad ambiental desde una perspectiva coherente y técnicamente robusta.

Reducir la incertidumbre regulatoria

Otro de los ejes de la exposición de Irarrázabal fue la necesidad de mejorar la coherencia del sistema de reclamaciones ambientales.

Según explicó, actualmente un titular de proyecto debe enfrentar distintas instancias de revisión —técnicas, administrativas, políticas y judiciales— cuyos criterios pueden diferir entre sí, generando incertidumbre durante la tramitación de las iniciativas de inversión.

Frente a ese escenario, sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para perfeccionar materias como la invalidación administrativa, las modificaciones de proyectos, el régimen especial de tramitación y los mecanismos de restitución de gastos, fortaleciendo un sistema más consistente y predecible.

En esa misma línea, Ricardo Escobar abordó la importancia de contar con reglas claras y mecanismos que otorguen mayor estabilidad jurídica a los procesos de inversión, enfatizando que la confianza institucional constituye un elemento esencial para el desarrollo de proyectos de largo plazo. Ese diagnóstico fue compartido por Irarrázabal, quien sostuvo que las reformas actualmente en discusión representan una oportunidad para fortalecer la coherencia del sistema de evaluación ambiental y reducir espacios de incertidumbre regulatoria.

Una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental

Durante el encuentro, los distintos expositores coincidieron en que Chile enfrenta una oportunidad estratégica para fortalecer su capacidad de atraer inversiones, especialmente en sectores como la minería, en un contexto internacional que demanda cada vez más minerales críticos para la transición energética.

En ese escenario, Ricardo Irarrázabal planteó que el desafío consiste en avanzar hacia una institucionalidad ambiental capaz de combinar altos estándares de protección con mayor eficiencia, rigurosidad técnica y seguridad jurídica.

A su juicio, ese objetivo requiere que el proyecto de ley de reconstrucción nacional y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental avancen de manera articulada, fortaleciendo la racionalidad del sistema, reduciendo la incertidumbre regulatoria y entregando reglas más claras para la evaluación y ejecución de proyectos de inversión.

Con su participación, el director del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC aportó una visión jurídica sobre los desafíos que enfrenta la modernización de la institucionalidad ambiental, contribuyendo al debate público sobre una de las reformas regulatorias más relevantes que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.

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