El director del Programa de Derecho y Medioambiente UC abordó los principales alcances del Boletín N° 16.552-12, destacando la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad ambiental más técnica, con mayor certeza jurídica y foco en el riesgo.
Este miércoles 6 de mayo, el profesor y director del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC, Ricardo Irarrázabal, expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.300 y la Ley N° 20.600, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.
Durante su presentación, Irarrázabal planteó que uno de los ejes centrales de la reforma debe ser la tecnificación del sistema y la focalización en el riesgo, junto con avanzar en mayores niveles de certidumbre institucional y regulatoria. “El desafío está en construir un sistema que permita decisiones más técnicas, menos expuestas a discrecionalidad política, y que entregue reglas claras a todos los actores”, sostuvo.
En su exposición, el académico explicó que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) debe entenderse desde una lógica de gestión del riesgo, distinguiendo entre distintos niveles: desde el riesgo normado —ya resuelto por la regulación— hasta aquellos espacios donde subsiste discrecionalidad en la evaluación de proyectos.
En este contexto, enfatizó que el SEIA cumple un rol clave en abordar los impactos significativos no completamente definidos por la normativa, lo que exige criterios claros para su aplicación y una adecuada fundamentación de las decisiones, especialmente en las causales de rechazo de proyectos.
Respecto de la institucionalidad, analizó las propuestas que buscan reforzar el rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), particularmente en su rectoría técnica y en los procesos de calificación de proyectos.
Entre los cambios discutidos, destacó el traspaso de la decisión desde instancias colegiadas a autoridades unipersonales, lo que —según explicó— puede contribuir a una mayor tecnificación del sistema, aunque también abre interrogantes sobre eventuales riesgos de captura. “Se avanza en una lógica más técnica en la toma de decisiones, pero es necesario equilibrar esto con mecanismos que aseguren autonomía y control”, señaló.
Asimismo, valoró las propuestas orientadas a simplificar y uniformar el régimen recursivo, eliminando instancias como el Comité de Ministros, en favor de procedimientos más claros y coherentes.
En materia de reglas sustantivas, el académico abordó aspectos como el ingreso de proyectos al SEIA, destacando avances en la definición más precisa de tipologías y umbrales, lo que contribuiría a reducir espacios de incertidumbre. Sin embargo, advirtió que persisten zonas de discrecionalidad, por ejemplo, en la determinación de modificaciones sustantivas de proyectos o en ciertos criterios de evaluación.
Finalmente, subrayó que uno de los elementos clave del proyecto es consolidar al SEIA como un procedimiento eminentemente aprobatorio, donde el rechazo opere solo bajo causales claramente establecidas. “El fortalecimiento del sistema pasa por dotarlo de mayor coherencia interna: reglas claras, criterios técnicos y decisiones previsibles”, concluyó.
La participación del profesor Irarrázabal se enmarca en el proceso de discusión legislativa de una reforma que busca modernizar el sistema de evaluación ambiental en Chile, en un contexto de creciente complejidad normativa y mayores exigencias en materia de sostenibilidad.