El director del Programa de Derecho y Medioambiente, profesor Ricardo Irarrázabal, trabajó en una propuesta regulatoria interdisciplinaria en el marco del concurso de investigación del Centro de Políticas UC. El proyecto lleva por título “Minerales críticos chilenos: propuestas interdisciplinarias de políticas públicas para impulsar una minería responsable y sostenible”, contenido en el libro Propuestas para Chile, publicación que reúne investigaciones orientadas a incidir en el debate público y en la toma de decisiones del país.

El Centro de Políticas Públicas UC presentó una nueva versión del libro Propuestas para Chile, que reúne 8 iniciativas interdisciplinares desarrolladas por académicos y académicas UC, que tienen como foco contribuir al país desde la reflexión académica. Minerales críticos chilenos: propuestas interdisciplinarias de políticas públicas para impulsar una minería responsable y sostenible es la propuesta desarrollada por el equipo integrado por el director del programa de Derecho y Medio Ambiente UC Ricardo Irarrázabal junto a los académicos Kay Bergamini del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Katherine Mollenhauer de la Escuela de Diseño UC y Álvaro Videla de la Facultad de Ingeniería UC.

La ceremonia de presentación de este libro, contó con la participación del subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Rafael Araos; la exministra de la misma cartera, Aisen Etcheverry; y las palabras del rector Juan Carlos de la Llera oportunidad en la que destacó estas iniciativas buscan “no agotarse en el diagnóstico, sino orientar decisiones y políticas que generen impacto”, reafirmando el rol de la universidad en la construcción del bien común.

Sobre la propuesta

El proyecto identifica que uno de los principales desafíos para Chile no es la disponibilidad de recursos —particularmente cobre y litio, los que definieron como recursos críticos, mas no estratégicos—, sino la capacidad institucional para gestionarlos adecuadamente.

Desde una perspectiva jurídica y regulatoria, el diagnóstico es claro: el sistema actual presenta fragmentación normativa, incertidumbre en los procesos de evaluación ambiental y debilidades en la coordinación entre organismos públicos, lo que afecta tanto la inversión como la legitimidad social de los proyectos.

Entre las principales propuestas legislativas destaca la necesidad de introducir modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de dotarlo de mayor previsibilidad y estabilidad, medida que implicaría ajustes reglamentarios e incluso legales, y que se alinea con la necesidad de fortalecer la certeza jurídica en la tramitación de permisos, uno de los puntos críticos para la competitividad del sector.

El documento también propone avanzar hacia una gobernanza más integrada, que supere la actual dispersión de competencias entre distintas agencias del Estado. Esto incluye: mejor coordinación entre autoridades ambientales, sectoriales y económicas; armonización de criterios técnicos en la evaluación de proyectos; y el fortalecimiento de capacidades institucionales para gestionar la complejidad de los minerales críticos. El objetivo es transitar hacia un sistema que combine eficiencia regulatoria con altos estándares ambientales, evitando duplicidades y contradicciones normativas.

Otro eje relevante en el plano normativo es la necesidad de incorporar estándares internacionales de trazabilidad y sostenibilidad en la cadena de valor de los minerales críticos, relevando la necesidad de avanzar hacia mecanismos que permitan visibilizar los impactos ambientales de la producción minera, asegurar el cumplimiento de estándares internacionales y fortalecer la posición de Chile en mercados globales cada vez más exigentes, lo que no solo responde a exigencias ambientales, sino también a condiciones de acceso a mercados y acuerdos internacionales.

Desde el punto de vista jurídico-institucional, los autores subrayan que la sostenibilidad del desarrollo minero depende también de su aprobación social, lo que requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos regulatorios, no solo para reducir conflictos, sino que también para mejorar la calidad de las decisiones públicas y la legitimidad de los proyectos.

Minerales críticos y política de Estado

En línea con otros proyectos contenidos en este libro, esta propuesta enfatiza la necesidad de avanzar hacia políticas de Estado de largo plazo, capaces de sostenerse más allá de los ciclos políticos. Esto implica coherencia normativa, estabilidad regulatoria y una visión estratégica que integre desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social.

Finalmente, los académicos concluyen en esta propuesta que Chile enfrenta una oportunidad única para posicionarse como actor clave en la transición energética global, pero advierten que ello dependerá, en gran medida, de su capacidad para modernizar su marco regulatorio.

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