El director de PDYMA y ex subsecretario de medioambiente advirtió que mejorar la eficiencia del SEIA no solo implica acortar plazos, sino también fortalecer la calidad de los proyectos y de las evaluaciones para reducir el riesgo de impugnaciones.

En el marco del debate sobre la modernización de la institucionalidad ambiental, el académico de la Facultad de Derecho UC y director del Programa de Derecho y Medio Ambiente de la misma universidad participó en un encuentro organizado por el Centro de Incidencia Pública Pivotes, instancia en la que analizó el Índice de Eficiencia para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), orientado a medir su capacidad de calificar proyectos dentro de plazos óptimos y con resultados favorables en términos ambientales.

La propuesta, busca separar los tiempos de evaluación de proyectos de los periodos de impugnación, con el fin de obtener una medición más precisa del desempeño del SEIA a largo plazo y permitir comparaciones objetivas entre distintos periodos.

Según explicó Irarrázabal en el encuentro, el índice se construye a partir de dos variables clave:

• Índice de Agilidad: mide la capacidad del SEIA para evaluar proyectos dentro de plazos óptimos, tomando como referencia los periodos de mayor eficiencia del sistema.
• Índice de Materialización: evalúa la proporción de proyectos que obtienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, reflejando la incorporación temprana de variables ambientales y el cumplimiento normativo.

Según el análisis, los mejores desempeños históricos en términos de eficacia se registraron en 2006, 2012 y 2018.

El desafío de las impugnaciones

El estudio también revisa el impacto del sistema de impugnaciones sobre los tiempos totales de tramitación. En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): Un 17,5% fue reclamado ante el Comité de Ministros, con un promedio de resolución de 1 año y 7 meses. El 55% de esos casos llegó a Tribunales Ambientales, que tardaron en promedio 1 año y 3 meses en resolver. Un 47% de esos fallos llegó a la Corte Suprema, con un tiempo promedio adicional de 1 año y 2 meses.

En total, los procesos judiciales pueden extenderse más de 4 años, aunque la mayoría de las RCAs terminan siendo confirmadas.

Discusiones de fondo

El director de PDYMA y ex subsecretario de medioambiente advirtió que mejorar la eficiencia del SEIA no solo implica acortar plazos, sino también fortalecer la calidad de los proyectos y de las evaluaciones para reducir el riesgo de impugnaciones. Entre las causas de retrasos, identifica la falta de información relevante por parte de los titulares y observaciones impertinentes por parte de organismos con competencia ambiental, lo que exige una rectoría técnica más clara por parte del SEA, cuestión que se discute actualmente en el proyecto de ley de reforma al SEIA.

Asimismo, plantea un debate de fondo: el SEIA debe ser entendido como un procedimiento aprobatorio y su consecuencia, que es la asistencia al regulado por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que los proyectos logren ser calificados favorablemente. También subraya la necesidad de revisar los mecanismos de reclamación y el papel de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en este contexto.

“Mirar la eficiencia del SEIA exige una visión integral que incluya tanto la etapa de evaluación como la de impugnaciones, entendiendo que existe una retroalimentación constante entre ambas”, concluye.

Revisa el documento con la propuesta aquí