En su presentación ante la Comisión de Medioambiente del Senado, el académico UC abordó las tensiones del actual modelo de cumplimiento ambiental y propuso ajustes estructurales para garantizar su eficacia.

El profesor de Derecho Ambiental y director del Programa de Derecho y Medioambiente de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal, expuso ante la Comisión de Medioambiente del Senado en el marco de la tramitación del Boletín N° 16.553-12, proyecto que busca fortalecer la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental en Chile. Durante su intervención, el académico puso énfasis en los desafíos jurídicos del sistema vigente y planteó propuestas concretas para mejorar su operatividad.

Irarrázabal valoró que el proyecto reconozca y refuerce prácticas que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ya ha ido desarrollando en la práctica, como los incentivos al cumplimiento, la autodenuncia, los programas de cumplimiento (PDC) y los planes de reparación. Sin embargo, advirtió que persisten tensiones estructurales que deben ser abordadas para avanzar hacia una fiscalización más efectiva y legítima.

“Uno de los principales desafíos está en cómo se articulan los espacios de flexibilidad con los procedimientos sancionatorios. La clave está en entender cuándo hay incumplimiento y cuándo no lo hay”, señaló el académico.

Tensiones entre cumplimiento, sanción y asistencia

En su análisis, el académico destacó la necesidad de clarificar la relación entre las vías alternativas de cumplimiento, los procedimientos sancionatorios y la asistencia al regulado, advirtiendo que la superposición entre estas dimensiones genera incertidumbre tanto para los regulados como para las autoridades. En esa línea, subrayó la importancia de una regulación más precisa sobre los criterios de elusión y fraccionamiento de proyectos, así como sobre los efectos ambientales asociados a cada caso.

Asimismo, enfatizó que muchos de los problemas actuales derivan de una terminología legal ambigua, que dificulta la correcta interpretación y aplicación de la norma. Conceptos como “afectación grave”, “riesgo significativo” o “impacto” se utilizan de forma diversa en distintas normativas sin una clara unificación.

“Es urgente revisar los conceptos clave del derecho ambiental. Hoy conviven múltiples términos para referirse a fenómenos similares, lo que puede generar confusión, discrecionalidad y debilitar la eficacia de la regulación”, advirtió.

Cuestiones estructurales pendientes

Durante su exposición identificó tres cuestiones estructurales que considera clave para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental:

• Criterios claros sobre qué se fiscaliza en una RCA (Resolución de Calificación Ambiental): La actual lógica de “sujeción integral” permite sancionar cualquier elemento del expediente ambiental, lo que dificulta una jerarquización de los incumplimientos.
• Definiciones objetivas para la elusión y el fraccionamiento: Actualmente, estas figuras se aplican con un alto grado de discrecionalidad, lo que genera inseguridad jurídica y posibles conflictos con otras vías de control como la penal o infraccional.
• Revisión terminológica transversal en la legislación ambiental: La coexistencia de términos similares con significados distintos obstaculiza tanto la fiscalización como el cumplimiento normativo.

Otros aspectos relevantes

Irarrázabal también se refirió a temas como la falta de transparencia en los procedimientos de fiscalización, la debilidad de la figura de la prescripción en materia ambiental, junto a la necesidad de reforzar el seguimiento a los programas de cumplimiento y reparación.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente en su dimensión preventiva y orientadora, sin debilitar su función sancionatoria, en línea con los principios del enforcement responsivo.

Revisa la intervención del profesor Irarrázabal aquí