El director del Programa de Derecho y Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal, participó en el encuentro titulado ‘Gestión hídrica: innovación, gobernanza y cumplimiento’, organizado por el Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas en conjunto con la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

El pasado 25 de junio, en formato híbrido, se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios en torno al agua, actividad que fue organizada de manera conjunta por el Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas en conjunto con la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

Para conversar en torno al tema fueron invitados a exponer Carlos Flores, jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y al director del Programa UC de Derecho y Medio Ambiente y profesor de la Facultad de Derecho UC, Ricardo Irarrázabal.

La discusión en torno a la permisología ha adquirido relevancia en el debate legislativo actual. Si bien el término suele usarse con una connotación peyorativa, ha servido como punto de partida para repensar el rol de los permisos y autorizaciones dentro del aparato estatal. Así lo planteó el director del PDYMA en su reflexión sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de tramitación, discrecionalidad administrativa y seguridad jurídica.

“La permisología nos lleva a una discusión más abstracta sobre qué significan realmente los permisos. Y eso es clave si queremos avanzar en marcos regulatorios más eficientes y coherentes”, explicó.

Uno de los elementos centrales de esta discusión es el concepto de riesgo, especialmente en el ámbito ambiental. Desde esta perspectiva, el riesgo se entiende como la probabilidad de que no se proteja adecuadamente un bien jurídico, y los permisos existen precisamente para establecer ciertos niveles aceptables de ese riesgo.

Cuatro formas de aproximarse al riesgo

Según lo expuesto, es posible identificar cuatro mecanismos para abordar y administrar el riesgo:

• Autorizaciones generales (como una Resolución de Calificación Ambiental, RCA), que permiten ordenar la discusión regulatoria;
• Permisos sectoriales específicos, asociados a distintas áreas técnicas;
• Cumplimiento normativo, que otorga certidumbre jurídica al establecer estándares definidos;
• Referencias a estándares internacionales que, si bien no están formalmente integrados en la legislación chilena, pueden servir como criterios orientadores.

Más allá del tipo de permiso o norma, Irarrázabal relevó que el objetivo final es avanzar en certeza jurídica, entendida como un principio preventivo clave en la relación entre ciudadanía, Estado y desarrollo.

Discrecionalidad, autonomía y control

En este escenario, otro factor determinante es la discrecionalidad con que se otorgan los permisos, es decir, el margen de decisión que tienen las autoridades al aprobar o rechazar una solicitud. Esto depende tanto de quién entrega el permiso (organismos técnicos o autoridades políticas), como del diseño institucional, la autonomía de los servicios y los procedimientos administrativos asociados.

Por ejemplo, se destacó el caso del Fiscal Nacional Económico, cuya autonomía no depende solo de su designación, sino de que no puede ser removido una vez nombrado. Este tipo de elementos son clave al evaluar cuánto peso tienen los criterios técnicos sobre los políticos.

Asimismo, subrayó la importancia del control judicial en materias de discrecionalidad. Algunos servicios, como la Dirección General de Aguas, cuentan con mecanismos judiciales claros, mientras que en otros casos —como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)— existen recursos administrativos, pero no siempre vías judiciales efectivas. Este vacío afecta directamente la revisión de decisiones discrecionales, como las invalidaciones administrativas.

Tramitación fragmentada y poco clara

Actualmente, el sistema de permisos en Chile se caracteriza por su fragmentación, duplicidades y falta de claridad procedimental, lo que genera incertezas para los ciudadanos, las comunidades y los proyectos de inversión.

En este contexto, se propusieron algunas modificaciones al proyecto de ley en discusión, con foco en la articulación entre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y los permisos ambientales sectoriales. Un aspecto destacado es la necesidad de definir con claridad qué permisos se tramitan dentro o fuera del SEIA, y avanzar hacia una lógica de “ventanilla única” que integre realmente los procesos y evite trámites paralelos tras la obtención de una RCA.

“Ojalá que este proyecto avance hacia un modelo donde la resolución de calificación ambiental constituya el permiso sectorial para todos los efectos, sin papeles adicionales ni procesos fragmentados”, señaló el académico.

La propuesta apunta a superar la actual distinción entre permisos sectoriales y ambientales, y pensar el sistema desde la pregunta clave: ¿Qué autorizaciones son realmente necesarias para garantizar la protección del bien jurídico en juego y entregar certeza jurídica a todos los actores involucrados?

Revive la transmisión de este encuentro aquí:
https://www.youtube.com/live/cM-LdYO8R6s?si=OPHEu4gGLwQnrOuw